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Politica - 09.01.2019

El Govern impulsa la ley para poder aplicar normas recurridas al Constitucional

El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damiá Calvet, acompañado por la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi. EFE

El Govern ha iniciado hoy los primeros trámites para aprobar una ley ómnibus que recogerá alternativas legales para poder aplicar cuatro leyes de carácter social que fueron anuladas o suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC).

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha recalcado este martes que el Ejecutivo catalán ha dado luz verde a la memoria preliminar de un anteproyecto de ley que recogerá “alternativas legales” que hagan efectivas disposiciones que fueron anuladas por el TC o que están suspendidas, tras los recursos que presentó en su momento el anterior Gobierno del PP.

Son aspectos incluidos en cuatro leyes de la anterior legislatura y que fueron recurridos al TC: la de igualdad efectiva entre hombres y mujeres; la de cambio climático; la de la agencia catalana de protección social; y la que regulaba las asociaciones de consumidores de cannabis.

La consellera ha confiado que será “relativamente rápido” el trámite hasta poder presentar la ley en el Parlament y ha indicado que el Govern espera trabajar los conceptos con los grupos parlamentarios que los aprobaron en su momento.

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell (izda), y los ex consellers Raúl Romeva y Dolors Bassa.

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La fórmula de aunar aspectos de cuatro leyes en una única normativa tipo ómnibus también permitirá “agilizar” la tramitación en el Parlament, ha explicado Artadi.

En cuanto a la ley de igualdad, la Generalitat aplicará solo en su sector público, como a su juicio sí permite el TC, las medidas que anuló el mismo tribunal en cuestiones laborales.

En concreto la regulación para luchar contra el acoso laboral, medidas de racionalización de horarios o la obligatoriedad de que haya un representante sindical de igualdad, entre otras medidas.

En cuanto a cambio climático, el Govern buscarán mecanismos alternativos para poner coto al “fracking”, pese a que el TC decretó que la Generalitat no podía prohibir los permisos para esta actividad.

Para la ley asociaciones de consumidores de cannabis, que fue fruto de una iniciativa legislativa popular (ILP), el Govern trabajará con las entidades promotoras para buscar un redactado que dé vigencia a los aspectos anulados.

En cuanto a la ley de la Agencia Catalana de Protección Social, el Govern ve margen de maniobra en todos aquellos aspectos sobre los que el Tribunal Constitucional levantó suspensión finalmente.

Adicionalmente, el ejecutivo de Quim Torra prevé en las próximas semanas iniciar la tramitación de otras leyes impugnadas, suspendidas o anuladas, que la misma Generalitat cifró en una docena.

La consellera ha explicado que se trabaja caso a caso, en función de la fase del litigio en el que se encuentre cada normativa o de si se ha resuelto de forma favorable o no para la Generalitat.

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