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Politica - 4 semanas ago

La anomalía de los presos y la sobreactuación política manchan el inicio de la legislatura

El diputado de ERC, Oriol Junqueras, junto al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. EFE

La anomalía de que cuatro presos preventivos se sienten en los escaños y las protestas de la bancada de Vox, que con su ruido han impedido escuchar sus juramentos, han manchado este martes el inicio de la XIII Legislatura en el Congreso de los diputados. La sobreactuación de unos y otros han convertido en un espectáculo la primera sesión del Parlamento y ha levantado las iras de PP y Ciudadanos, que consideran las fórmulas de acatamiento de la Constitución utilizadas por los independentistas y los diputados de EH-Bildu como una “vergüenza nacional que el PP no puede tolerar”, en palabras de Pablo Casado.

El líder del PP ha acusado a la flamante presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de “cómplice” del “intento de blanqueamiento de delitos tan graves como la rebelión o la malversación de fondos” y ha dudado de su “capacidad” para dirigir la Cámara en estas condiciones. “La Constitución se acata o no. Han venido a ultrajar la ley de leyes y la soberanía nacional”, ha denunciado Casado, que ha pedido a Batet que revise los juramentos realizados para comprobar si efectivamente todos se ajustan a los parámetros reglamentarios. A su juicio, existen dudas sobre que los diputados presos hayan jurado legalmente el cargo.

“España y este hemiciclo, que aún mantiene agujeros de balas de otro golpe de estado, no se merecen esa humillación. Hoy hemos visto una foto de lo que nos espera. Hemos visto a un preso preventivo por dar un golpe al estado que se acercaba al presidente de España y le decía: tenemos que hablar. La historia de España no se merece este escarnio”, ha reprochado el líder del PP, que ha reclamado la suspensión inmediata de las funciones de los diputados acusados de rebelión.

Como el PP, Ciudadanos exige a la Mesa del Congreso que ponga punto y final a esa anomalía. El secretario general del partido, José Manuel Villegas, ha lamentado que los independentistas hayan intentado “humillar e insultar al pueblo español y a su democracia”. “En España no hay presos políticos. España es una democracia plena donde hay presuntos delincuentes sometidos a un proceso judicial y algunos a prisión preventiva. Hoy hemos tenido que soportar que distintos diputados en la Cámara utilizaran esa expresión que insulta a la democracia española”, ha denunciado, reprochando a Batet que no “cumpliera sus funciones ni aplicara el reglamento como es su obligación”. “Ahora entendemos por qué los golpistas querían a una presidenta como ésta y a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno: porque les dejan manos libres para humillar e insultar a la mayoría de los españoles”, ha asegurado.

Por su parte, la flamante presidenta de la Cámara ha guardado silencio sobre sus planes respecto a los diputados presos. A preguntas de los periodistas, Batet sólo ha aclarado que mañana acudirá a visitar al Rey para informarle de la constitución del Congreso y que después convocará una reunión de la Mesa del Congreso cuyo orden del día tampoco ha querido definir. Ni siquiera ha concretado si pedirá un informe jurídico a los letrados de la Cámara sobre la situación de los reos con escaño.

El líder de ERC Oriol Junqueras conversa con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante la acreditación como diputados de los políticos presos en el Congreso.

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El Congreso de los Diputados es una gran máquina de normalización institucional y democrática. Tras ‘domesticar’ en la anterior legislatura al grupo de Podemos, que llegó al  Parlamento con bebés en los brazos, rastas en el pelo, ropa deportiva y renegando de la utilidad de las instituciones, a partir de ahora se enfrenta al reto de normalizar que supone que cuatro de sus diputados, nuevos  representantes de la soberanía popular, residan en la cárcel precisamente por atentar contra ella con su participación en el procès independentissta catalán. Lejos quedan los tiempos en los que un presidente de la Cámara, José Bono, reprendía a un ministro de Industria, Miguel Sebastián, por atentar contra el decoro parlamentario por no llevar corbata en verano. Han pasado sólo ocho años desde esa escena, una eternidad en política.

Este martes, la anomalía ha sido supina. Procesados por rebelión como Oriol Junqueras, presidente de ERC, deambulaban por el hemiciclo durante las primeras votaciones buscando el saludo del presidente del Gobierno y de sus ministros para garantizarse una fotografía que contribuya a la internacionalización del conflicto catalán. En esta situación, Pedro Sánchez se ha mantenido impasible apresado entre rarezas: los independentistas intentaban saludarle mientras detrás de él, en lo que suele ser la bancada socialista, se estrenaba el grupo parlamentario de Vox. Toda una provocación que, no obstante, beneficia al presidente del Gobierno en plena campaña electoral de las municipales y las autonómicas, a las que el PSOE se presenta otra vez como exponente de la centralidad política frente a la radicalidad a su izquierda y a su derecha, en Cataluña y en el Congreso.

Con ese asiento, Santiago Abascal se aseguraba su plano televisivo dando la mano al presidente del Gobierno y guardándole las espaldas en el escaño. Pero para lograrlo tuvo que pasar cinco horas sentado junto al diputado socialista catalán José Zaragoza, con el que acabó charlando animada y cordialmente. Mientras, la bancada fue llenándose de socialistas con camisetas de ‘gaysper’, el fantasma que utilizó Vox durante la campaña electoral para luchar contra la ‘ideología’ homosexual reconvertido en icono gay por el colectivo.

Tanto se adaptaron a la vida parlamentaria los diputados presos -sentados a escasos metros de una Inés Arrimadas, que dio dos besos a Jordi Turull– que pasaron buena parte de los recuentos desayunando con vino en la cafetería situada dentro del edificio de Palacio, zafándose de la custodia policial y del mandato del Supremo de reducir su actividad a la constitución de la Cámara para dar comienzo a la XIII Legislatura. Hasta la imagen valleinclanesca del presidente de la Mesa de Edad, Agustín Zamarrón, que evocaba un posible esperpento en la Cámara, quedó tamizada por su papel perfectamente institucional trufado de términos médicos por deformación profesional: “Estamos creando un trombo de difícil solución, mejoren la circulación”, instaba a los diputados que se agolpaban para votar”.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.

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Todas esas esas anormalidades han tornado en bronca en el momento de la jura del cargo como diputado. Las extravagantes fórmulas utilizadas por los diputados independentistas catalanes, vascos de Bildu y de algunos representantes de Podemos levantaron la indignación en las bancadas del PP y de Vox. Los de Abascal optaron por golpear la mesa y hacer ruido y gritar “fuera” cada vez que un independentista tomaba la palabra impidiendo que se escucharan sus proclamas republicanas y secesionistas. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha intentado sin éxito tomar la palabra en virtud del Reglamento, pero la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no se lo ha permitido hasta el final de la sesión.

Riveras ha denunciado que los independentistas atenten contra el decoro de la Cámara y hayan intentado “humillar” a la soberanía nacional. “No lo vais a lograr”, les ha advertido, mientras la presidenta de la Cámara justificaba el uso de esas fórmulas para jurar o prometer el cargo. “No se ha mermado la esencia del acatamiento, que es el compromiso de respeto a la Constitución. Esta Presidencia será ejercida para que haya respeto a la Constitución, respeto a la ley y respeto al otro “, ha zanjado la socialista, antes de dar un pequeño discurso.

Nota con el juramento de Oriol Junqueras.

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Batet no ha aclarado aún cuándo terminará la anomalía de que cuatro diputados vayan a dormir a la cárcel mientras son procesados en el Tribunal Supremo por delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. Los miembros de la Mesa del Congreso, órgano de gobierno del Parlamento, deben decidir qué hacer con los diputados presos. Presidida a partir de hoy por la socialista Meritxell Batet, la Mesa podría encargar un informe jurídico a los letrados del Parlamento para que estudien si se debe suspender de funciones a Junqueras, Rull, Turull y Sánchez  o aceptar los requerimientos de PP y Ciudadanos y aprobarlo de forma inmediata en una próxima reunión.

La situación de los diputados en prisión marcará la investidura de Pedro Sánchez y puede influir en la campaña de las municipales y las autonómicas que termina el viernes. Como en las generales del 28 de abril, el PSOE intenta distanciarse al máximo de las alianzas parlamentarias que mantuvo en los últimos diez meses de Gobierno socialista a raíz de la moción de censura. Lo que Alfredo Pérez Rubalcaba denominó como ‘Gobierno Frankenstein’ no le ha pasado factura a Pedro Sánchez, que ganó los comicios generales asegurando que no quiere volver a pactar con los independentistas. Romper esa distancia con cualquier cesión o acuerdo con los diputados presos podría dar munición a PP y Cs en la recta final de la campaña.

Además, la posible suspensión de funciones de los diputados presos puede tener dos efectos. Podrían renunciar al acta y que entren los siguientes en la lista para que el bloque independentista mantenga todos sus votos y por tanto su fuerza parlamentaria en el Congreso, que podría ser decisiva para hacer presidente a Pedro Sánchez de nuevo. En el caso de mantener el escaño, la suspensión de sus funciones haría que la Cámara cuente con menos diputados y que la mayoría absoluta se reduzca de 176 a 174 votos, facilitando también la proclamación del presidente del Gobierno sin el apoyo de los independentistas.

De momento, Oriol Junqueras, presidente de ERC y cabeza de cartel a las elecciones europeas, ya ha anunciado que renunciará al Congreso para aceptar el acta del Parlamento europeo, un trámite que deberá realizar el 2 de julio. Su intención es internacionalizar la cuestión catalana y presentarse en Bruselas como “el primer preso político” que llega a Bruselas. La aclaración de su situación será clave para convocar la investidura del nuevo presidente, que fuentes del Gobierno sitúan a finales de junio o principios de julio.

Breve saludo entre Oriol Junqueras y Pedro Sánchez en el Congreso.

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Aunque no tienen limitados sus derechos políticos, el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que “firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”. A este artículo también apeló el juez Llarena para suspenderlos en calidad de diputados del Parlamento catalán y exigió su cumplimiento a la mesa de dicha Cámara.

Por otro lado, el artículo 21 del Reglamento de la Cámara Baja es algo menos claro, pues en su formulación establece “cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta”, lo que implica el proceso de petición de suplicatorio que, según el criterio jurídico, no sería necesario en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento.

Mientras tanto, la vida parlamentaria echa a andar. El lunes se constituirán los grupos parlamentarios y se empezará a concretar la nueva intendencia: la distribución de los asientos en el hemiciclo, el reparto de los despachos, la contratación de los asistentes y la constitución de las primeras comisiones. Todo ello requerirá de negociaciones entre los grupos que, de forma discretan han comenzado excepto en el caso de Vox, que sigue aíslado por el resto de partidos.

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