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Politica - 22.05.2019

La Fiscalía se apoyará en el ‘pendrive’ de Hacienda que revela la malversación el 1-O

Imagen general de la Sala del Supremo en el juicio del procés. EFE

El juicio del ‘procés’ entra en su recta final con las últimas pruebas testificales y las pruebas periciales cuya celebración están previstas para este miércoles en el Tribunal Supremo. Junto a los testigos que no pudieron comparecer el lunes ante el tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena -debido a la suspensión de la sesión por el desplazamiento de los presos al Parlamento-, hoy están citados los abogados del Estado dependientes del Ministerio de Hacienda que controlaron las cuentas de la Generalitat.

Se trata de los peritos Carmen Tejera, Sara Izquierdo y Teresa Hernández, a quienes el Ministerio de Hacienda –cuando estaba capitaneado por el exministro Cristóbal Montoro- designó para analizar el uso de fondos públicos desde el Govern en pleno desafío independentista.

El juicio del ‘procés’ entra en su recta final con las últimas pruebas testificales y las pruebas periciales cuya celebración están previstas para este miércoles en el Tribunal Supremo. Junto a los testigos que no pudieron comparecer el lunes ante el tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena -debido a la suspensión de la sesión por el desplazamiento de los presos al Parlamento-, hoy están citados los abogados del Estado dependientes del Ministerio de Hacienda que controlaron las cuentas de la Generalitat.

Se trata de los peritos Carmen Tejera, Sara Izquierdo y Teresa Hernández, a quienes el Ministerio de Hacienda –cuando estaba capitaneado por el exministro Cristóbal Montoro- designó para analizar el uso de fondos públicos desde el Govern en pleno desafío independentista.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda remitieron un dispositivo USB al Supremo con decenas de facturas que probarían los fondos públicos destinados a pagar el 1-O

Se da la circunstancia de que sus declaraciones son claves para que la Fiscalía del Alto Tribunal pueda acreditar el delito de malversación de caudales públicos puesto que dichos peritos remitieron de forma constante documentación contable del Govern al Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona –donde se investiga el referéndum del 1-O- y al Tribunal Supremo advirtiendo de las informaciones poco fiables que la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, remitía al Gobierno central.

Vidal ha sido procesada por desobediencia, falsedad documental y malversación por el citado juzgado de la capital catalana por su participación en el ‘procés’. Está acusada de omitir, por ejemplo, que con la denominada campaña Civisme, a través de la que el Govern pretendía promocionar el referéndum ilegal, se podía cometer una malversación de caudales públicos de 2,2 millones. La interventora no activó ningún procedimiento para denunciar ese desvío de fondos.

El papel de la interventora de la Generalitat

Según informan fuentes jurídicas a El Independiente, estos tres técnicos de Hacienda no llegaron a hacer un informe final cuantificando la cuantía total defraudada en el ‘procés’ pero certificaron que la Generalitat ocultaba información financiera a la Administración central y, además, remitieron en un ‘pendrive’ decenas de facturas que probarían el uso de fondos públicos destinados a pagar la celebración del referéndum ilegal del 1-O.

Tejera, Izquierdo y Hernández, que comparecen a petición del Ministerio Fiscal, contarán en el Supremo –bajo juramento- las dificultades que tuvieron para seguir el rastro del dinero empleado por la Generalitat para sufragar el desafío soberanista. Sus explicaciones serán determinantes para poder demostrar el desvío de esos fondos a la causa secesionista.

Asimismo, este miércoles está citada en el Salón de Plenos del Alto Tribunal la técnico de Hacienda Mercedes Vega, quien suscribió el informe que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) -también dependiente del Ministerio de Hacienda- aportado a sendos órganos judiciales donde se cifró en 812.624 euros los gastos empleados para el referéndum del 1-O. Paralelamente al trabajo desarrollado por los técnicos de Montoro, la IGAE cuantificó el uso de esos fondos para sufragar la consulta ilegal.

El informe de la IGAE sobre los gastos del 1-O.

 

Dicho informe, diferenciaba entre los gastos pagados y no pagados por Diplocat y el departamento de presidencia de la Generalitat para la consulta ilegal. En total, 196.906 euros fueron pagados presuntamente mientras 615.717 euros fueron, al menos, comprometidos.

Fondos pagados o comprometidos

Esta prueba pericial ha sido solicitada por la Abogacía del Estado, que se personó en la causa del ‘procés’ como perjudicada directa del presunto fraude en torno a las arcas públicas y que cifró en su escrito de acusación en 1,9 el dinero malversado por el Govern.

La Sala en su sentencia tendrá que determinar, en primer lugar, si se produjo la comisión de dicho delito y, si fue una malversación agravada o no. El Código Penal establece que los desvíos de fondos públicos que superen los 250.000 euros serán penados con hasta doce años de cárcel al considerarlo como un delito agravado.

La clave jurídica estará en si el tribunal considera que en esa malversación de caudales públicos se engloba todo el detrimento patrimonial causado al Estado con el ‘procés’ o si, por el contrario, la malversación se ciñe a los gastos pagados para el 1-O, que puedan ser acreditados.

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